Mediante una acción de grupo mas de 7.000 habitantes del
corredor minero del Cesar, que comprende los municipios de la Jagua de Ibirico,
el Paso, Chiriguana y becerril demandaron penalmente a las tras
nacionales GLENCORE- XTRATA, DRUMMOND Y CNR.
la acción de grupo, como mecanismo procesal, permite a un número plural
de personas acudir a las autoridades judiciales para obtener el reconocimiento
y pago de la indemnización de perjuicios, “se presenta por reunir condiciones
uniformes, respecto de una misma causa que ha generado perjuicios individuales
para cada una de ellas”. Y la demanda ordinaria laboral, se instaura por el
estado patológico presentado por los trabajadores como consecuencia del trabajo
bajo condiciones de riesgo determinado por agentes físicos, químicos y
biológicos.
En la zona afectada predominan los enfermos que deja la contaminación
del carbón, producto de la carbonilla, las aguas contaminadas, la mala calidad
de vida de quienes viven en el corredor carbonífero del Cesar, los daños
irreversibles al medio ambiente, el incumplimiento contractual de estas
empresas y la responsabilidad y desigualdad laboral, argumenta la demanda.
Los litigantes anuncian que la empresa Prodeco S.A. suscribió el
contrato de Concesión Minera No. 044 de 21 de febrero de 1989 con Carbones de
Colombia S.A., Carbocol, titular del aporte minero No. 871, para adelantar las
actividades de gran minería, en la mina Calenturitas, pero “el concepto de
pequeña explotación con impactos ambientales aceptables, cambió
ostensiblemente”. Luego, al otorgar el estado colombiano los contratos mineros
285/95 a Carbones de la Jagua (CDJ), 132/92 a Carbones El Tesoro (CET), y
109/90 al Consorcio Minero Unido S.A. (CMU), “el tema de los Planes de Manejo
Ambiental se fue agudizando hasta entrar en un período catastrófico”. En otro
aparte dice que la complejidad de la operación de la mina Pribbenow en 1995 a
cargo de la Drummond, la mina La Francia por parte de Colombian Natural
Resources (CNR) en el año 2000, la mina Cerro Largo Centro en 2004 y El
Descanso en el año 2009 por parte de Drummond, y posteriormente las minas El
Hatillo y Cerro largo Sur en el 2012 por parte de CNR, convirtieron el corredor
carbonífero del Cesar en un mal ejemplo ambiental con alta repercusión en la
calidad de vida, tanto para humanos como para animales.
Miguel Ángel Castilla Camargo, uno de los integrantes del requerimiento
penal, dijo que la diseminación de escombreras contaminantes, frente a los
grupos poblacionales, refleja la ausencia estatal y la permisividad empresarial
en detrimento de las etnias establecidas históricamente. “Las evidencias son
latentes. Los techos de las casas, las hojas de los árboles y los depósitos de
agua para el consumo humano, decantan el polvillo de carbón, sinónimo de
maldición entre los pobladores que, al unísono, sostienen que antes de la
llegada de estas multinacionales se vivía mejor; el cambio de productividad, la
desaparición del imaginario con grandes extensiones de servidumbre, la
aculturación y transculturización de costumbres, plantea un escenario con
serios problemas de identidad al vaivén de un agente económico e insensible”.
Para Castilla Camargo, los ríos Calenturitas, Tucuy, Sororia, Maracas y
San Antonio, al igual que la quebrada El Pajuil, que bordean y recogen los
químicos de los botaderos de escoria, se convirtieron en los primeros
damnificados de la inoperancia del estado, la desmedida voracidad destructora
de las multinacionales y el incumplimiento de las leyes ambientales.
“La calidad del agua con PH superior a 7, no solo advirtió del peligro
para los humanos y otras especies, sino para el deterioro general del entorno.
A ello le sumamos la permanente precipitación de óxidos nitrosos y azufrados y
dióxido de carbón que originan la lluvia ácida, que puede recorrer en forma
volátil grandes distancias, que al precipitarse produce afectación en los
suelos generando enfermedades en los asentamientos humanos”, asegura el
querellante.
Cabe anotar, que las personas al parecer damnificadas por adquisición de
afecciones en estas empresas mineras, crearon la Asociación de Trabajadores
Enfermos de la Drummond (Asotred), la Asociación de Trabajadores Enfermos del
Carbón de la Jagua de Ibirico (Asotrecaj).
Las historias clínicas reflejan que los problemas de salud van desde la
columna, al deterioro auditivo y visual; enfermedades causadas por vibraciones
(trastornos de músculos, tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos
o nervios periféricos); trastornos de las vías respiratorias superiores,
causados por agentes sensibles o irritantes reconocidos e inherentes al proceso
de trabajo; dermatosis alérgica de contacto y urticaria de contacto, causadas
por otros alérgenos; enfermedades del sistema osteomuscular: tenosinovitis de
la estiloides radial debida a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y
posturas extremas de la muñeca. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos
prolongados de trabajo intenso y repetitivo; cáncer pulmonar y hasta el
nistagmo de los mineros que ocurre cuando los movimientos involuntarios
corroboran un problema cerebral.
Daños ambientales
Este diario contactó al investigador Luis Jorge Hernández Flórez, PhD
(título que recibe un graduado del más alto nivel de los estudios de
universitarios de postgrado) en Salud Pública de la Universidad Nacional de
Colombia y docente de la Universidad de los Andes, quien reveló los principales
hallazgos del estudio “Enfermedad y síntomas respiratorios en niños de cinco
municipios carboníferos del César”, realizado de forma conjunta entre la
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes.
La investigación, en la que participaron 1.627 niños residentes en los
municipios de Becerril, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El
Paso, determinó que el 3,85% de ellos padece alguna enfermedad respiratoria, ya
sea asma, fibrilancias o tos.
Según Luis Jorge Hernández, “los niños son los más susceptibles a la
contaminación del aire, porque tienen un sistema respiratorio en desarrollo y
crecimiento y respiran más veces por minuto que un adulto, por lo que están más
expuestos”.
El investigador explicó que existe evidencia de que en varias de las
fases de la explotación del carbón se produce contaminación del aire y del
agua, la cual se puede medir como material particulado (MP).
“Dentro del estudio se tuvo en cuenta la exposición al carbón por
cercanía a la mina, dispersión del tiempo del carbón, transporte de vehículos
pesados, por acumulación de carbón y por exposiciones, como por ejemplo, el
hecho de que las personas cocinen con este material en sus hogares”, explicó
Hernández Flórez.
De esta manera, se estableció que hay efectos en la contaminación del
aire no solo por influencia de la zona minera, sino por el uso del carbón para
fines domésticos.
“La exposición a zonas mineras sí está afectando a los niños. Esto,
sumado a las condiciones de calidad de vida, los expone a una contaminación
tanto fuera como dentro de sus hogares”, recalcó el profesor Hernández.
Los aportes realizados en este trabajo, finalizado en 2012, han llamado
la atención de la Secretaría de Minas del Cesar, que está contactando al
investigador para traerlo al departamento del Cesar con el fin de que genere
ideas para el reforzamiento de las condiciones de vida de esta población, que
está afectada por la actividad minera carbonífera, así lo aseguró el secretario
de Minas del Cesar, Pedro Díaz.
“La problemática no es fácil”
Gabriel Rengifo, geólogo de la Secretaría Departamental de Minas del
Cesar, dijo que la sectorial proyecta para este año tener más injerencia en el
campo de la gran minería de carbón e involucrarse a fondo en la problemática
minera, ambiental y social de los municipios mineros.
“La problemática no es fácil, es muy compleja porque hay situaciones
ambientales y sociales; las empresas mineras están haciendo un esfuerzo que
queremos sea de manera coordinada con el gobierno departamental y la Secretaría
de Minas”, señaló el científico.
Pliego de cargos a Prodeco
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) decidió abrir
pliego de formulación de cargos contra la minera C. I. Prodeco S. A. por
irregularidades en obras de perforación, llevadas a cabo en las minas de carbón
en el Cesar. La empresa habría iniciado obras sin reportar esa actividad y por
lo tanto sin la debida autorización.
Según informó Caracol Radio, el expediente de la investigación se abrió
en marzo del 2012 y allí se señalaba que al parecer la compañía estaba
realizando “perforaciones en el sentido del rumbo del manto del carbón con una
longitud de 100 metros, con máquina denominada Auger, en el sector C, pared
alta del pit de exploración”.
Los hechos investigados se presentaron en los años 2009 al 2011. Por lo
cargos formulados, la empresa habría incumplido con el Plan de Manejo Ambiental
para las operaciones mineras adelantadas en la Mina Calenturitas, que además se
ha modificado en varias oportunidades para ajustarse a la magnitud de la
operación que ha venido creciendo en los casi 20 años de operación. Prodeco ya
presentó los respectivos descargos por escrito, al igual que varias pruebas
para su defensa.
De ratificarse la falta cometida, la explotadora sería la otra gran
minera sancionada en menos de un mes. Los primeros días de enero, la ANLA y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial suspendieron la operación de la
Drummond por no haber cumplido con el cargue directo y, días antes, la habían
sancionado con la multa ambiental más alta impuesta en el país ($7.000
millones).
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
Carlos.jimenez@elpilon.com.co
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