Más de la mitad del carbón mineral holandés proviene de Colombia. Un proveedor importante de carbón es Drummond, una empresa norteamericana conocida por sus violaciones de los derechos humanos.
'Drummond es un estado dentro del estado.'
Sindicato de la guerrilla para ya o la muerte vendrá a sacarte, hijos de puta. Así rezaba el mensaje de texto que el líder sindical Ruben Morrón recibió el 15 de junio de un remitente desconocido. No era una amenaza suelta. Morrón escapó un mes más tarde a último momento a un atentado contra su vida. Ese mismo día le había presentado a su empresa, la mina de carbón Drummond, el pliego de peticiones. Morrón recibió el mes pasado asilo en Francia. Sus colegas tuvieron menos suerte que él. Según las cifras del sindicato, durante los últimos quince años fueron asesinados 160 trabajadores de Drummond, entre ellos cuatro líderes sindicales.
El atentado contra Morrón no ha evitado la huelga. La mina Drummond, en el deportamento del Cesar, en el norte de Colombia, está parada. Delante del puerto un grupo de hombres juega dominó en una mesita. Más allá se ven algunas ollas en el fogón; en el horizonte hay montañas gigantescas de escombros de piedra. La mina misma resulta invisible, pero en las fotografías aéreas se puede observar que ocupa con seguridad veinte kilómetros cuadrados.
Siendo el segundo productor de carbón mineral en Colombia, Drummond es un proveedor importante del mercado holandés. Según las cifras más recientes de las empresas de energía holandesas, más del 12 por ciento de todo el carbón importado en 2011 provenía de esta mina.
“Somos tratados como esclavos”, dice el líder sindical Manuel Mendoza, sentado junto a un ventilador enorme que debe apaciguar el calor. La ausencia laboral debida a las enfermedades y los accidentes laborales aumentan debido a la alta presión en el trabajo. El trabajador que se enferme – 600 de los 5000 trabajadores están enfermos – pierde casi la mitad de su ingreso. Mendoza conoce los riesgos de su acción. Está junto con otros 24 compañeros de trabajo en la lista negra que fue repartida el mes pasado por un grupo paramilitar conocido como Los Rastrojos. El grupo les advierte en un panfleto: “A las organizaciones que supuestamente defienden los derechos de los trabajadores y que bloquean con ello el progreso alcanzado gracias a empresas como Drummond”. Mendoza: “No sabemos con seguridad quién está detrás de todo esto. Solamente sabemos que las amenazas aparecen apenas realizamos acciones para defender nuestros derechos.”
El abogado Francisco Ramírez, que apoya a los sindicatos, es más enfático: “El hecho de que 'casualmente' la persona que negocia con Drummond sea amenazada, prueba que hay un contacto directo entre la empresa y las bandas criminales que son pagadas para hacer ese trabajo”, dice Ramírez. Describe a Drummond como 'una organización criminal', una empresa agresiva y sin conciencia “que solamente tiene un objetivo: sacar la mayor cantidad posible de carbón, al precio que sea.”
Testimonios
Ramírez adelanta un juicio en los Estados Unidos contra Drummond, acusada del asesinato de líderes sindicales. En ese proceso judicial, antiguos líderes paramilitares reconocieron tener lazos con Drummond. Uno de ellos es Jhon Esquival Cuadrado, alias 'El Tigre'. “Si limpiábamos de grupos guerrilleros la zona de los alrededores de la mina Drummond, que eran activos allá, Drummond pondría a disposición plata”, declaró El Tigre, que, según él mismo, estuvo presente
cuando Drummond pagó. Otro paramilitar, involucrado en el asesinato de tres líderes sindicales, declaró: “Poco después del asesinato recibimos un millón de pesos colombianos en dinero contante, del que él (nuestro contacto, red.) afirmó que provenía de Drummond.”
Los testimonios corresponden al periodo antes de 2006, cuando hubo de lejos la mayoría de víctimas. Las empresas les pagaban a los ejércitos ilegales de los paramilitares para defenderse de los atentados y los secuestros perpetrados por grupos guerrilleros como las FARC. Drummond tenía muchas dificultades con la guerrilla, debido a los atentados contra la vía férrea. En 1996 llegó un ejército paramilitar a la zona que aumentó hasta contar con seiscientos miembros. Asesinaron a líderes sindicales y también a campesinos, que eran vistos como simpatizantes de la guerrilla. También se encargaban de dejar el terreno libre para la ampliación de la mina. Expulsaron a los campesinos de sus casas y de sus tierras y, apenas la mina lo necesitara, se las vendían a la empresa. Los 54 asesinatos colectivos, casi cinco mil muertos y decenas de miles de desplazados, desequilibraron la zona.
Los Países Bajos también importaban en aquella época carbón colombiano (no está claro desde cuándo esto ocurre). Hubo muy poca conmoción entonces. Se sospechaba la existencia de lazos entre la empresa y los paramilitares, pero esto no podía ser probado. Ahora hay testimonios.
Después de la desmovilización de los paramilitares, ocurrida en 2006, disminuyó el número de asesinatos. Pero desde hace algunos años se habla de nuevo de un aumento. La razón está en la creciente intranquilidad laboral y los programas gubernamentales de restitución de tierras a los campesinos desplazados – la guerrilla fue expulsada de la región. Los nuevos grupos criminales, como Los Rastrojos, ya no cometen asesinatos colectivos sino que actúan de manera selectiva y se enfocan específicamente en los activistas y líderes campesinos. Según los medios de comunicación locales, durante el primer semestre de 2013 fueron asesinados 37 activistas en el departamento, una cuarta parte más que en el año anterior.
Traumas
Mientras en Drummond tiene lugar la huelga, en la más lejana ciudad de Valledupar se reúnen unas doscientas personas para crear el 'Movimiento de Víctimas de las Empresas Multinacionales'. La mayoría de estas personas procede de Drummond. Trabajadores enfermos, campesinos desplazados, viudas, cada uno de ellos cuenta una historia marcada por el temor y la impunidad. Las mujeres cuentan llorando como hombres uniformados asaltaron las fincas, como sus hijos fueron secuestrados y encontrados después muertos, y sobre los traumas de sus hijos, que vieron como sus padres fueron sacrificados.
“Lloré tres años por mi tierra”, dice Tomás Carrillo, que fue expulsado de su finca en Michoacán, un predio que está en su mayor parte en manos de Drummond desde hace cuatro años. Saca de una maleta maltrecha sus títulos de propiedad. Gracias a estos documentos, Drummond todavía habla con él, aunque no le paga ni un centavo de indemnización. Aún menos a los otros 120 desplazados de la finca. El Gobierno colombiano, que considera la minería energética como el motor del desarrollo económico, no hace nada. Carrillo vive ahora con su mujer, sus hijas y nietos en un tugurio en Bosconia, un lugar polvoriento donde nada muestra el progreso y el desarrollo que las minas deberían traerle a Colombia. Es uno de los muchos asentamientos miserables llenos de desplazados, situados a un lado de la vía férrea sobre la cual Drummond transporta su carbón.
Para la prensa resulta imposible entrar en contacto con la misma Drummond. El contacto telefónico tiene lugar por intermedio de una oficina de comunicaciones externa que no responde los mensajes. En la oficina principal en Bogotá no hay nadie 'debido a la huelga', según dice el portero. En las afueras de la mina, un vigilante anuncia detrás de una ventanilla blindada que no hay nadie que pueda atender a la prensa. “Ni siquiera el ministro puede entrar aquí sin más ni más”, dice burlándose uno de los trabajadores en huelga. Un batallón de 300 militares vigilaría la mina permanentemente. “Drummond es un estado dentro del estado.”
Claudia Jiménez, directora de la organización gremial SMGE, que agrupa a la minería a gran escala y a la cual está afiliada Drummond, habla más. “Esto no merece ninguna credibilidad”, dice, mientras arroja irritada el panfleto con las amenazas de Los Rastrojos sobre la mesa. Aunque
Drummond y otras empresas afiliadas a su organización son mencionadas en él, Jiménez no quiere pensar en la posibilidad de distanciarse públicamente de las amenazas. “Con ello legitimaríamos las acusaciones de que ellos son nuestros interlocutores.” Jiménez tampoco ve razón para emprender alguna acción en favor de sus trabajadores. “La seguridad de los colombianos es un asunto del Estado.”
El puerto de Drummond en Santa Marta está parado por la huelga. Delante de las puertas de entrada, uno de los jefes controla por teléfono los datos de los transportes de carbón. “Cada tres meses salen de aquí 600.000 toneladas hacia dos puertos holandeses”, dice, “Rotterdam y Ijmuiden.” Pero por el momento hay una pausa. “Normalmente los barcos son cargados allá con el carbón mineral”, dice Alejandro Arias, periodista en Santa Marta. Señala los muelles abandonados. Arias publicó en enero pasado fotografías de las descargas ilegales de carbón mineral en la bahía.
Desde entonces Arias solamente puede caminar por la calle con una fuerte escolta. “He sido declarado objetivo militar por las organizaciones que dicen defender los intereses de Drummond.”
Deliberación en el Parlamento
La ministra Ploumen, de Comercio Exterior, quiere “seguir más de cerca” a las empresas de energía holandesas en la compra de carbón mineral colombiano. Las empresas se niegan a dar a conocer de cuáles minas proviene su carbón. El tema será discutido hoy en el Parlamento holandés.
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