La indebida intromisión de Ferrocarriles del Norte de
Colombia S.A. “FENOCO S.A.” en asuntos internos y autonomía sindical, con el
auspicio del señor ex Ministro de Defensa: Rafael Pardo Rueda hoy de Trabajo y
su séquito de subordinados del orden nacional y regional, al convocar a un
grupo de trabajadores para acabar con la huelga en Fenoco y acogerse a un
Tribunal de Arbitramento, sienta un precedente que obliga al movimiento
sindical a prender las alarmas sobre la injerencia del Estado y de los patronos
sobre las decisiones y autonomía sindical previstas y protegidas en los
Convenios 87 y 98 firmados y ratificados por Colombia con la Organización
Internacional de Trabajo OIT.
Así mismo el silencio guardado por el Ministro Pardo,
quien pareciera no entender que las relaciones laborales tienen un manejo
diferente a las relaciones con las fuerzas militares, la coparticipación de sus
colaboradores y la indiferencia mostrada por los entes de control frente a la
decisión unilateral de las transnacionales: Drummond, Glencore, Gecolsa y sus
contratistas, de suspender los contratos laborales de sus trabajadores, es una
clara muestra de que son las transnacionales quienes tienen las riendas y
control absoluto de las locomotoras santistas.
Otra decisión funesta
para los trabajadores y sus organizaciones, es el fallo del Tribunal Superior
de Cundinamarca, el 14 de agosto, ilegalizando la huelga de Fenoco, lo que
coloca en evidencia que las actuaciones del gobierno a través de sus
Ministerios del Trabajo, Medio Ambiente, Minas y Energía, el Congreso, la
justicia y los entes de control, no respetan ningún derecho de huelga, ni
sindical ni al trabajo y que las locomotoras no benefician a quienes a través
de su fuerza laboral llenan los vagones de ésta, para que las transnacionales nos
despojen de los recursos naturales no renovables, mientras las poblaciones y regiones
van quedando en la desolación y el olvido estatal.
Estas vías de
hecho, ponen en grave riesgo la seguridad jurídica del Estado, puesto que acudiendo
al desconocimiento de las Normas Superiores, incluidos los Pactos y Tratados
Internacionales que versan sobre los derechos humanos, económicos, sociales y políticos
de los trabajadores, incumpliendo con ello y asaltando la buena fe de los
países que creen que los firman con gobiernos que honran la palabra, respetan y
acatan el principio rector de la buena
fe “Pacta Sun Servanda” de los mismos, es
decir, que los pactos y acuerdos se suscriben y se ratifican por los gobiernos
a través de los legisladores de sus respectivos países para darles cabal
cumplimiento y que como en nuestro caso; de acuerdo a los artículos 4, 13, 25, 39, 56, 93 y 215, entre
otros de la ya tan mutilada Carta Política, forman parte integral y prevalente
de nuestra legislación interna.
Estas actuaciones,
se apartan de manera abierta y atrevida del “Orden Público” que es de
obligatoria sujeción y cumplimiento como es el carácter de que gozan las normas
laborales, incluido el Derecho al Trabajo y de Huelga, lo anterior en
concordancia con el artículo 4º del Código Procesal Civil.
Es lamentable que
los padres de la patria que siempre se postulan a sus cargos de elección
popular, lo hacen prometiendo que sus actuaciones una vez favorecidos con los
votos de quienes creen en sus propuestas se encaminaran a la protección de sus
derechos a través de las agendas legislativas, pero no hay nada más alejado de
la realidad y se pudo corroborar con el reciente fiasco acabado de ser sufrido
por el Congreso con la mal llamada reforma a la Justicia con la cual se buscaba
fortalecer el manto de impunidad que caracteriza las actuaciones de los
administradores del Estado.
De otra parte, se
observa el doble discurso y moral que maneja el gobierno colombiano frente al
compromiso adquirido, de una parte con el gobierno norteamericano, con ocasión
de la firma del tratado de Libre Comercio TLC de brindar protección y respeto
por los derechos de los trabajadores colombianos y de otra, la costosa y
agresiva campaña que emprendió la Procuraduría General de la Nación en medios
masivos de comunicación, radio y televisión en horarios triple AAA invitando a
los colombianos a afiliarse masivamente a los sindicatos bajo el entendido de
que estas organizaciones brindan estabilidad y seguridad en el empleo, pero al
mismo tiempo el Estado desconoce sus derechos.
Finalmente convocamos
al movimiento obrero y sindical colombiano, a
las ONGs amigas de los trabajadores y defensoras de derechos humanos, a
que se haga un pronunciamiento inmediato y se proceda de igual forma a hacer la
denuncia internacional en contra del Estado Colombiano, para impedir que se
masacren los derechos de los trabajadores.
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