LA VERDAD SOBRE EL PRADO

Los hechos se remontan al año de 1995, cuando 50 familias campesinas
se encontraban asentadas en la vereda “nuevo mundo” frontera con
Venezuela, corregimiento de la victoria de san Isidro, jurisdicción del municipio de la jagua de Ibirico, fueron desalojados por la guardia venezolana. Posteriormente esas 50 familias se desplazaron hacia la plaza principal del municipio de la jagua, donde duraron varios días , con el fin de darle solución al problema se firmo un convenio interadministrativo entre el INCORA, la alcaldía de la jagua de Ibirico, la gobernación del cesar y los afectados y fue así como el incora con donación de la gobernación del cesar compro la hacienda “el prado” con una extensión de mil 225 hectáreas, colindante con la hacienda mechoacán, ubicada en el corregimiento de “boquerón” municipio de la jagua de Ibirico, la cual fue parcelada y entregada a las 50 familias desplazadas.

Pero curiosamente, cuando se iba a hacer la entrega real y material de las parcelas, el INCORA se negó a entregar los títulos de propiedad a las familias beneficiadas del programa de reforma agraria, cuando supo que en el subsuelo de la parcelación se encontraba en el corazón de la mina de carbón y afloraba el manto 45, sospechosamente se detuvo la entrega de títulos ya elaborados.

Al conocerse de la existencia de l carbón en el subsuelo de esta parcelación los paramilitares que operaban en la zona al mando de alias “Jorge 40”, es decir: óscar José ospino pacheco, alias “tolemaida”, Alcides Manuel matto Tavares, alias “el samario”, Javier Ernesto Ochoa, alias “el mecánico” y David Hernández rojas, alias “ 39” asesinaron en el año 2002, a 18 personas, 12 de las cuales eran parceleros del prado, 5 de las victimas eran miembros de la familia “Flórez Duran”.

Por estos asesinatos Alcides Manuel Mattos Tabares, alias “ el samario“ ante la unidad nacional de justicia y paz reconoció la participación en los hechos e indico que lo hizo bajo las ordenes de alias “tolemaida”, por este mismo echo la fiscalía emitió ordenes de captura por concierto para delinquir agravado contra: óscar José ospino pacheco, alias “tolemaida”, Javier Ernesto Ochoa, alias “ el mecánico”, wilbert sierra ospino, alias “ wicho”, Luis Fernando Andrade Ospina , alias “ el llanero”; todos estos ya han sido capturados por las autoridades competentes. Asi mismo, los afectados por este desplazamiento y asesinatos en el año 2002 denunciaron ante la comisión nacional de reparación y reconciliación, CNRR, los hechos anteriormente narrados, con e fin de que se les restituyan los predios ya que a raíz de ellos a las familias allí ubicadas les fueron arrebatados sus terrenos por parte de los paramilitares y específicamente por familiares de alias “39”.

DESVIACION DEL RIO CALENTURITAS

En noviembre del año 2008 el gobernador del cesar Dr. CRISTIAN MORENO PANEZZO, dirigió un oficio al ministerio del medio ambiente y desarrollo territorial solicitando una audiencia publica, con el objeto de dar a conocer y resolver las inquietudes, con lo respecta a la solicitud de la empresa “PRODECO” de desviar el rio calenturitas. Exactamente donde confluyen los ríos tucuy y maracas, y por extensión el rio sororia jurisdicciones de los municipios de becerril y la jagua, respectivamente. Este cauce beneficia a las comunidades que habitan en becerril, las piñas, el cerro, el prado, el descanso, tierra santa y la loma de calenturas, la desviación se hará primero de 5.1 km y posteriormente se harán los 3.9 restantes para un total de 9 km. Esto afecta directa e indirectamente a más de 500 familias que verán disminuida la pesca y las fuentes de agua, que disminuirán evidentemente por culpa de este proyecto

En audiencia publica llevada a cabo el día 30 de enero del año 2009 en el municipio de BECERRIL, la gobernación del cesar solicito a el ministerio del medio ambiente y desarrollo territorial no aprobar la desviación del rio calenturitas por las afectaciones que esto traería para la agricultura, la ganadería y el medio ambiente del departamento, así mismo lo hicieron algunos habitantes y los sindicatos como: SINTRAMIENERGETICA, así como. La asociación de ganaderos del cesar, la asociación de agricultores, entre otros, para sorpresa de muchos después de que el ministro juan lozano, prometiera al mismo gobernador de no aprobar dicha licencia hasta que no hubieran estudios científicos sobre la afectación de la zona, para sorpresa de muchos en poco tiempo fue dada la licencia para desviar el rio y negociar los predios, entre ellos los terrenos del prado, con la resolución 462 del 2009.

A partir de la autorización de la licencia la empresa PRODECO el INCODER y los parceleros del PRADO se reúnen con el fin ponerse de acuerdo referente a las compensaciones, la compra de sus tierras y el reasentamiento de las familias,

La negociación se hizo entre los habitantes del prado, la empresa prodeco e INCODER , la empresa debía pagar a cada uno de los parceleros 80 millones, pero condicionado a que se hicieran proyectos productivos, de las 49 familias que aun habitaban en esa época 34 fueron favorecidos con reforma agraria por lo tanto el gobierno a través de INCODER quedo de entregarles 72 salarios mínimos mensual vigentes, pero INCODER hasta el momento no ha cumplido su parte por lo tanto a raíz de este incumplimiento los parceleros no les queda otra alternativa que volver a sus tierras, se encontraron con la sorpresa que la escuela , sus cercas, sus casas y sus cultivos fueron destruidos, lo que los pone en una situación difícil.

La empresa PRODECO en varias oportunidades solicita abandonen las tierras pero se presenta negativa de los parceleros por no tener más alternativa de vida.

A partir del día 12 de marzo empezaron nuevamente a sentir la presión de la empresa para que abandonaran y es así como la policía de la loma se presento en varias oportunidades a presionarlos indebidamente para que abandonaran sus tierras, el día 14 de marzo en plena jornada electoral la empresa irrumpió con sus maquinarias las tierras razón por la cual los campesinos se enfrentaran a esta situación por la cual fueron amenazados con armas de fuego y amedrentados por personal de seguridad de la empresa, quienes les toman fotografías diariamente y los ofenden de palabra. nuevamente el día 16 de marzo fueron atacados por policías sin orden judicial quienes golpearon a los campesinos dejando 6 heridos, gracias a la mediación de una ONG y de personería y el alcalde de la Jagua se logra que sacaran la maquinaria de territorio de los parceleros; actualmente las 35 familias que aun permanecen allí no cuentan con comida, agua, servicios básicos, atención medica, etc. en indefensión absoluta, sin escuelas para sus hijos y sin esperanza solo apelando a la solidaridad de clase de los habitantes de la Jagua y algunas ONG que han visitado la zona.